En el sur de Bolívar, la violencia se ha intensificado. Grupos armados como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de Calarcá Córdoba libran una guerra silenciosa por el control de la región, rica en oro y coca. La población vive aterrorizada: los líderes sociales son amenazados de muerte y sus celulares son revisados en busca de información. En las últimas dos semanas, más de 1.000 personas han sido desplazadas.
La comunicación con el exterior es casi imposible debido a la escasa señal y los retenes ilegales. Los líderes advierten a la población que evite carreteras y zonas rurales por la presencia de minas antipersonal y enfrentamientos. En lo que va del año, ya se reportan cinco homicidios selectivos, incluido el de un líder social que renunció a su cargo semanas antes de ser asesinado.
La Serranía de San Lucas, epicentro de la minería ilegal, genera alrededor de 100.000 millones de pesos mensuales, atrayendo a estos grupos. Francisco Méndez, investigador de la Universidad de Cartagena, explica que el ELN busca recuperar territorios mineros perdidos frente al Clan del Golfo, mientras ambos grupos se alían en otras zonas.
La Defensoría del Pueblo ha emitido 14 alertas tempranas sobre esta crisis, pero las acciones estatales han sido insuficientes.
Además, se reporta el reclutamiento de menores y el uso de artefactos explosivos improvisados. Un nuevo grupo armado, el ERP, ha surgido, anunciando confrontaciones y aumentando el temor de las comunidades.
El abandono estatal y la falta de acceso a la región agravan la situación. Las víctimas exigen una política de paz integral que priorice la seguridad y el desarrollo.
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Vía: San Pablo Noticias
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